La mitad de los chilenos rechaza venta de fármacos en supermercados

¿Cuánto gasta de su bolsillo al mes en la compra de medicamentos? Ese fue el primer punto de la encuesta que realizó la Universidad San Sebastián, y que buscó explicar el acceso que tienen los chilenos a los medicamentos. Y la respuesta de los consultados da claras luces sobre la problemática instalada en el país: el 40% destina más de $ 50 mil al mes, con extremos que llegan a superar los $ 200 mil en cada pago.

“Esa es la raíz del problema que tenemos hoy en día. No hay que ser un genio de finanzas para darse cuenta de que para los chilenos, y en particular los que tienen un ingreso económico limitado, el precio de los medicamentos es una carga muy dura. Además, la pregunta consultó solo por el costo individual, es decir, este crece cuando se amplía a la familia”, explicó el director del Instituto de Políticas Públicas de la U. San Sebastián, Manuel José Irarrázaval.

En la consulta, que incluyó a 1.360 personas de todo el país, el 28% admitió que ellos mismos o un familiar debieron suspender el tratamiento indicado por no poder costearlo.

En ese contexto, una importante mayoría del país apoya que el gobierno adopte medidas tendientes a reducir el gasto en fármacos: el 98% respalda que los adultos mayores tengan precios preferenciales, un 90% opina que se debe poner precios máximos en medicamentos específicos, y un 88% opina que se debe eliminar el IVA a estos productos.

“Si bien el gobierno no esta en la línea de fijar precio ni poner bandas de precios, es una realidad que en otros países de la región se ha implementado. La gente reconoce al Estado como el regulador y contralor, le exige incluso intervenir para bajar precio a un producto, como los medicamentos u otros”, dice Stephen Jarpa, exdirector del ISP y director de la agencia regulatoria InHouse.

Junto con ello, los chilenos apuntan a otras medidas que podrían impactar el alto gasto en fármacos. Dento de estas, que la receta médica contenga el nombre del medicamentos genérico bioequivalente (94%), y que sea obligatorio para las farmacias ofrecer este tipo de productos certificados como alternativa a los fármacos de marca (91%). Asimismo, también invocando el rol del Estado, un 89% apoya que el Instituto de Salud Pública pueda importar remedios producidos en el exterior y que estén respaldados por agencias internacionales.

“Estamos de acuerdo en que se implemente el uso de la Denominación Común Internacional DCI (de los medicamentos) en la receta y celebramos que la opinión pública lo destaque como algo relevante, porque es bueno por distintos motivos: facilita la identificación de los medicamentos de parte de los usuarios y resguarda la prescripción de la influencia indebida del marketing, además de ser imprescindible para permitir la intercambiabilidad”, dijo Matías Libuy, miembro del Departamento de Políticas y Estudios del Colegio Médico.

Sin embargo, no todas las iniciativas propuestas -algunas incluidas en la Ley de Medicamentos II que tramita el Congreso- tienen un apoyo contundente. Un ejemplo de ello es la indicación del gobierno que permitiría la venta de fármacos en los supermercados, que divide a los chilenos: el 50% se opone a esta medida y el 47% la apoya.

“Yo creo que los chilenos tienen comprensión de que probablemente no sea una medida muy efectiva, porque lo que se propone es ampliar a supermercados la venta de medicamentos sin receta, que en realidad los encuentras en cualquier parte y son los más baratos. Pero no aplica a los más caros, de marca, que es donde tenemos el mayor problema. Con todo, este es un dato incómodo que entrega la encuesta”, agrega Irarrázaval.

Al respecto, Jarpa añade que es “interesante que la mitad de la gente le “teme” a la venta en otros lugares, y eso es efecto de las campañas de riesgo de la automedicación. Es una realidad internacional que algunos productos sí debieran liberarse a venta libre, pero el impacto en el precio será casi nulo. Solo mejorará el acceso y descongestionará las farmacias”.

Libuy, por su parte, opina que la propuesta es controversial: “la evidencia internacional no ha demostrado que disminuya los precios y hay estudios que plantean que el vender fuera de farmacias ha elevado los efectos adversos al aumentar la disponibilidad de algunos medicamentos. No hay seguridad de que no estemos exponiendo a un riesgo a la población”.

La encuesta -que será presentada el lunes en el ex Congreso Nacional- muestra un escaso efecto de la más reciente medida lanzada por el gobierno sobre los medicamentos: el comparador de precio, que el 25% dice desconocer y el 54% admite no haberlo usado nunca.

“La idea conceptual es muy buena, pero no es amistoso el sistema, es engorroso. Yo creo que de transformarse en una aplicación a la que las personas pudieran acceder por su teléfono, podría hacer la diferencia. Este es un buen primer paso, pero que necesita mejoras y publicidad”, sostuvo Irarrázaval.

Fuente: La Tercera